Abogado para casos de violencia doméstica y órdenes de protección penales en Los Ángeles
La violencia doméstica se toma muy en serio en California, y una de las consecuencias inmediatas más comunes para una persona arrestada bajo sospecha de violencia doméstica es la emisión de una orden de protección. Las órdenes de protección pueden tener efectos muy significativos, incluida la prohibición de contacto entre el acusado y la presunta víctima, así como importantes limitaciones que afectan la libertad de vida del acusado. Es fundamental que todas aquellas personas que afrontan cargos de violencia doméstica en Los Ángeles o en cualquier parte de California, entiendan los distintos tipos de órdenes de protección, cómo se emiten, el impacto que pueden tener y las posibles defensas legales disponibles. En las Oficinas Legales de Jeff Voll, los abogados dedicados a casos de violencia doméstica cuentan con amplia experiencia en la ayuda prestada a los clientes para lidiar con estos asuntos, defenderse de acusaciones injustas y esforzarse para lograr el mejor resultado posible.
¿Cómo se define la violencia doméstica en California?
En California, la “violencia doméstica” se define en términos amplios e incluye diversos tipos de conductas perjudiciales o amenazantes contra una pareja íntima o un familiar. Entre los cargos más comunes se encuentra el artículo 273.5 del Código Penal —lesión corporal infligida a una pareja íntima— y el artículo 243(e)(1) del Código Penal —agresión doméstica como delito menor—. A pesar de las diferencias en la forma en que se imputen estos cargos, ambos pueden dar lugar a la emisión de órdenes de protección penales desde el inicio del caso.
Debido a la carga emocional y al estigma social que conllevan los casos de violencia doméstica, los fiscales y los jueces tienden con frecuencia a actuar con extrema cautela. Esto puede traducirse en la imposición de órdenes de protección estrictas incluso cuando los hechos del caso no estén del todo claros. Asimismo, significa que los acusados a menudo necesitan la representación de un abogado con experiencia para defenderse de estas órdenes y demostrar que son excesivamente amplias o no están justificadas.
¿En qué consisten las órdenes de protección penales en Los Ángeles?
De conformidad con el artículo 136.2 del Código Penal de California, un tribunal puede emitir una orden de protección penal (conocida como CPO, por sus siglas en inglés) contra un acusado que haya sido imputado por violencia doméstica u otros delitos determinados, como acecho (en inglés, stalking) o abuso de personas de edad avanzada. El propósito de esta orden es proteger a la presunta víctima o a un testigo conocido de nuevos actos de violencia, amenazas o acoso.
Las órdenes de protección penal pueden prohibir todo tipo de contacto (una orden de “no contacto”) o permitir un contacto limitado y pacífico (comúnmente conocida como una orden de “nivel uno”). En muchos casos de violencia doméstica, los tribunales prefieren emitir órdenes de no contacto, especialmente en las etapas iniciales del caso, debido a inquietudes por la seguridad de la presunta víctima. No obstante, cuando la presunta víctima y el acusado siguen viviendo juntos o tienen hijos en común, la defensa puede solicitar al juez que modifique la orden para permitir tener contacto pacífico, con el fin de que las partes puedan atender asuntos relacionados con el cuidado de los hijos, obligaciones financieras o necesidades médicas.
Los acusados sujetos a una orden de protección penal también deben entregar todas aquellas armas de fuego que tengan en su posesión y tienen prohibido poseer o portar armas de fuego durante la vigencia de la orden. El incumplimiento de una orden de protección penal constituye un delito serio que puede dar lugar a nuevos cargos penales, aumento de la fianza y otras sanciones.
¿Cuándo se emite una orden de protección penal?
Por regla general, las órdenes de protección penal se emiten durante la instrucción de cargos, es decir, la primera comparecencia ante el tribunal después de imputarse los cargos. En esa audiencia el juez decide las condiciones de la puesta en libertad del acusado si este no se encuentra ya detenido. La fiscalía suele solicitar la orden de protección, aunque el juez también está autorizado a emitirla si lo considera necesario. Los acusados tienen derecho a que se les entregue la orden en persona, lo cual significa habitualmente que tienen que estar presente en el tribunal para recibirla y aceptarla.
Aunque las órdenes de protección penales se asocian más comúnmente con casos de violencia doméstica, también pueden emitirse en situaciones de abuso de personas de edad avanzada conforme al artículo 368 del Código Penal o en otros casos en los que el juez determine la necesidad de una orden de protección para velar por la seguridad de la víctima. Un abogado con experiencia puede oponerse a la imposición de estas órdenes cuando el delito imputado no abarca el tipo de relación o las circunstancias que justifiquen su emisión.
Órdenes de protección de emergencia
Las órdenes de protección de emergencia (conocidas como EPO, por sus siglas en inglés) se diferencian de las órdenes de protección penal principalmente en la forma y el momento en que se emiten. Los agentes policiales pueden solicitar una EPO a un juez a cualquier hora del día cuando consideran que una víctima se encuentra en peligro inmediato. Estas órdenes suelen tener una vigencia de hasta siete días y están destinadas a brindar una medida de protección temporal a la presunta víctima hasta que pueda celebrarse una audiencia más formal.
Aunque las EPO tienen una duración limitada, pueden tener consecuencias significativas. Una vez que expiran, la fiscalía puede —y con frecuencia lo hace— solicitar ante el tribunal una orden de protección penal de mayor duración.
Órdenes de protección por violencia doméstica en el tribunal civil
Aparte del sistema penal, las presuntas víctimas de violencia doméstica también pueden solicitar una orden de restricción por violencia doméstica (DVRO, por sus siglas en inglés) en el tribunal civil. Esta petición normalmente se presenta de manera independiente de cualquier proceso penal. Es común que, en California, la solicitud de las órdenes de restricción por violencia doméstica sea gratuita con el fin de fomentar que las víctimas denuncien delitos.
En estos procedimientos civiles, la persona que solicita la orden ("parte demandante o peticionaria") debe hacer entrega a la persona objeto de la orden ("parte demandada o respondiente") de los documentos de la petición, así como de la notificación que incluya la fecha de la audiencia. El juez puede emitir una orden de restricción temporal (TRO) para garantizar la seguridad de la parte demandante hasta que se lleve a cabo la audiencia sobre la orden permanente. Estas audiencias suelen celebrarse pocas semanas después de presentar la petición de orden de restricción.
El estándar de prueba en una audiencia civil de órdenes inhibitorias es el de la "preponderancia de la prueba", menos estricto que el estándar de “más allá de duda razonable” exigido en los procesos penales. Esto significa que la parte demandante solo tiene que demostrar que existe una probabilidad superior al cincuenta por ciento de que la parte demandada haya cometido un acto de violencia doméstica o de que vaya a cometerlo en el futuro.
Si el juez considera suficiente la evidencia presentada por la parte demandante, puede conceder una orden de protección por violencia doméstica de largo plazo. La parte demandada puede ser obligada a mantenerse a cierta distancia de la parte demandante y a entregar todas las armas de fuego que tenga. En muchos casos, el tribunal también puede ordenar que el demandado complete un programa contra la violencia doméstica de 52 semanas de duración. Dado que las declaraciones realizadas en una audiencia civil pueden utilizarse en contra del demandado en un proceso penal, muchos acusados optan por solicitar una prórroga del asunto civil hasta que se resuelva el caso penal, u obtienen representación legal para lidiar con ambos procedimientos de manera simultánea.
Las instrucciones al jurado en casos de violencia doméstica
En los juicios penales, el juez proporciona instrucciones específicas al jurado para asegurarse de que entiendan los estándares legales, así como los elementos del delito. Las instrucciones que se utilizan en California se denominan instrucciones CALCRIM y en ellas se detallan exactamente qué debe probar la fiscalía para que el acusado pueda ser declarado culpable.
Por ejemplo, en relación con el cargo de lesiones corporales causadas a un cónyuge, conviviente o progenitor en común imputado de conformidad con el artículo 273.5 del Código Penal, la instrucción N.º 840 de CALCRIM indica al jurado que la fiscalía debe probar lo siguiente:
· El acusado infligió intencionalmente una lesión física a la víctima
· La lesión provocó una condición traumática
· El acusado no actuó en defensa propia ni en defensa de terceros
Estas instrucciones también aclaran que un acto es “intencional” cuando se realiza voluntariamente o a propósito, y que una “condición traumática” se refiere a cualquier herida o lesión corporal causada por el empleo directo de fuerza física. Entender bien estas instrucciones al jurado es de vital importancia para elaborar una estrategia de defensa firme. Un abogado defensor con experiencia examinará detalladamente las pruebas para determinar si la fiscalía puede o no satisfacer todos y cada uno de los elementos del delito más allá de duda razonable.
¿Cuáles son las penas por violencia doméstica en California?
Las penas en casos de violencia doméstica pueden variar ampliamente según los cargos específicos, la gravedad de las lesiones, los antecedentes penales del acusado, al igual que otros factores. Según el artículo 273.5 del Código Penal, los cargos por violencia doméstica pueden imputarse como delito mayor o menor —es decir, es un delito "flexible"—, dependiendo de las circunstancias. La condena puede ser:
- Cárcel o prisión: Una condena por delito menor puede incluir hasta un año en la cárcel del condado, mientras que una condena por delito mayor puede conllevar dos, tres o cuatro años en la prisión del estado.
- Libertad probatoria: Los tribunales a menudo imponen libertad probatoria por violencia doméstica con condiciones estrictas, como asistir a programas contra la violencia doméstica, entregar armas de fuego y evitar cualquier violación adicional de la ley.
- Multas y pagos: Los acusados podrían estar obligados a pagar multas cuantiosas, así como cuotas judiciales, indemnización a la víctima y costos asociados con los programas de tratamiento obligatorios.
- Órdenes de protección: Aunque la víctima no las solicite, los tribunales suelen imponer órdenes de protección penales como parte de la sentencia. Incumplir estas órdenes puede generar cargos adicionales.
- Consecuencias futuras: Una condena por violencia doméstica puede tener efectos colaterales que van más allá de la sentencia penal, incluyendo problemas migratorios, disputas de custodia de hijos y complicaciones con licencias profesionales.
En los casos de agresión doméstica como delito menor imputados de acuerdo con el artículo 243(e)(1) del Código Penal, las penas pueden incluir hasta un año en la cárcel del condado, multas y libertad probatoria. Aunque estas penas son algo menos duras que las de un delito mayor, el estigma y las posibles consecuencias colaterales siguen siendo serias.
Cómo defenderse de un cargo de violencia doméstica y de una orden de protección
Si ha sido arrestado por violencia doméstica y enfrenta una orden de protección penal, es fundamental consultar de inmediato con un abogado defensor con experiencia Entre las defensas más comunes en este tipo de casos se encuentran:
· Acusaciones falsas: En ciertas situaciones, la presunta víctima puede inventar o exagerar los alegatos de abuso.
· Defensa propia o defensa de terceros: El acusado pudo haber utilizado fuerza razonable para protegerse a sí mismo o a otra persona.
· Insuficiencia de las pruebas: La fiscalía debe probar todos los elementos del delito más allá de duda razonable. Si faltan pruebas clave o testigos creíbles, el caso puede no prosperar.
· Falta de intención: La fiscalía debe demostrar que el acusado actuó de manera intencional. Es posible que un daño accidental o un malentendido no lleguen a alcanzar el nivel de responsabilidad penal.
Contratar a un abogado competente es la mejor manera de poder cuestionar las pruebas presentadas por la fiscalía y de oponerse a órdenes de protección innecesariamente restrictivas. Asimismo, el abogado puede ayudarle a negociar una resolución que evite sanciones severas o un antecedente penal, tal como la participación en un programa de desviación de cargos o la aceptación de asesoramiento psicológico, dependiendo de los hechos del caso.
¿Cómo pueden las Oficinas Legales de Jeff Voll ayudarlo a defenderse contra cargos de violencia doméstica?
Entendemos el impacto devastador que un cargo penal y una orden de protección pueden tener en la vida de las personas. El licenciado Voll, quien fue arrestado injustamente —secuestrado, más bien— por el Gobierno federal y acusado de asociación delictiva y extorsión —con posible cadena perpetua—, conoce mejor que nadie cómo el gobierno manipula los hechos y procesa penalmente ciertos casos. Esta experiencia única le permite elaborar estrategias de defensa a la medida de cada caso, orientadas a lograr el mejor resultado posible para sus clientes. Nuestro enfoque incluye:
- Una investigación exhaustiva de las acusaciones para revelar inconsistencias o identificar pruebas que respalden su defensa
- Una negociación hábil con la fiscalía a fin de conseguir la reducción de cargos, sentencias alternativas o la desestimación del caso, cuando los hechos así lo permitan
- Una representación firme en las audiencias relacionadas con órdenes de protección con el fin de evitar o limitar las restricciones referentes al contacto entre las partes y conservar la unidad familiar, cuando resulte apropiado
- Un profundo conocimiento de los tribunales locales de Los Ángeles, de los jueces y de los procedimientos, para garantizar que su caso sea llevado a cabo con el máximo profesionalismo
Nos consta que cada caso de violencia doméstica es distinto y, por ello, abordamos cada situación con la atención individualizada que se merece. Nuestro objetivo es ayudarle a seguir adelante con su vida, protegiendo sus derechos, su libertad y su reputación.
Si desea obtener más información sobre las diversas defensas disponibles en su caso y realizar una consulta gratuita, llame a Jeff Voll a las Oficinas Legales de Jeff Voll, Inc. El licenciado Voll está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, en el (323) 467-6400, o visite su sitio web en www.abogadocriminal.com.
