Fraude de asistencia pública, fraude de seguros y perjurio
Caso real núm. 1
En la causa de la Fiscalía contra Aldrid P., número de caso BA467593-01, logré que se desechara este caso y que lo eliminaran de los antecedentes penales de mi cliente. Se trataba de un delito mayor por fraude de seguros en el que se le acusaba de haber presentado un reclamo falso por un accidente de automóvil en el que había estado involucrado y en el que solo los paragolpes habían resultado ligeramente dañados. El fiscal era una persona con la que se podía dialogar y este era uno de esos casos en los que la adopción de una firme postura antagonista habría sido contraproducente para mi cliente. De comienzo a fin, este caso tardó unos 5 meses en resolverse y mi cliente se libró de una condena por delito mayor de fraude/robo que habría sido perjudicial para él y para su familia.
Caso real núm. 2
En la causa de la Fiscalía contra Becky S., número de caso BA358673-01, el Estado imputó a mi cliente cuatro cargos de perjurio y uno de fraude de asistencia pública. Revisé a fondo las fechas en las que el fiscal indicaba que mi cliente cometió estos supuestos delitos y me di cuenta de que los delitos habían sido imputados ilegalmente, ya que en las fechas en que se presentaron los cargos en contra de mi cliente, los delitos ya habían prescrito. Presenté una petición de 10 páginas para desechar el caso por demora en la imputación de cargos y el caso fue desestimado en su totalidad.
Caso real núm. 3
En la causa de la Fiscalía contra G. F., número de caso BA475061-02, el caso fue desestimado en su totalidad.
Caso real núm. 4
En la causa de la Fiscalía contra Socorro M., número de caso BA477780-01, el caso fue desestimado en su totalidad.
Caso real núm. 5
En la causa de la Fiscalía contra O.S., número de caso BA481527-01, el caso fue desestimado en su totalidad.
Caso real núm. 6
En la causa de la Fiscalía contra Maria R., número de caso BA508043-01, el caso fue desestimado en su totalidad.
Caso real núm. 7
En la causa de la Fiscalía contra Maria R., número de caso BA506078-01, el caso fue desestimado en su totalidad.
La ley
Durante la última década más o menos, las autoridades judiciales han dado a los casos relacionados con fraude de asistencia pública y fraude de seguros una máxima prioridad en el Condado de Los Ángeles, junto con los delitos de drogas. Por definición, es un delito de cuello blanco y siempre se imputa a personas que reciben asistencia pública o a aquellos empleados del sistema de asistencia pública que han podido tomar parte en el supuesto fraude. En el 100% de los casos, estas acusaciones se presentan como delito mayor, no menor. En ciertos casos, también se imputa como delito mayor el robo de identidad cuando los datos personales de alguien los usa ilícitamente otra persona para recibir estampillas de comida a través de Cal Fresh u otros tipos de beneficios del estado o del condado. Estos casos pueden tardar años en investigarse y en imputarse a través de la oficina de la División de Fraude de Asistencia Pública de la Fiscalía de Distrito, situada en el piso duodécimo del antiguo Edificio de Tribunales Penales (CCB, por sus siglas en inglés), comúnmente denominado ahora Centro de Justicia Clara Shortridge Foltz (CJC), ubicado en 210 West Temple Street, Los Ángeles, California 90012.
El fraude de asistencia pública se imputa de conformidad con el artículo 10980(c)(2) del Código de Asistencia Pública e Instituciones de California. La Fiscalía de Distrito de Los Ángeles, en el 90% de los casos, presenta asimismo al menos un cargo de perjurio, por incumplimiento del artículo 118 del Código Penal. El fraude de asistencia pública se produce cuando el destinatario de la asistencia pública no declara parte de sus ingresos, u otros fondos que haya recibido, o cuando no declaran bienes tangibles, tales como un vehículo o una propiedad de bienes raíces, en el formulario de solicitud de asistencia pública. La asistencia pública (conocida en inglés como welfare) se determina por medio de un proceso específico en el que el solicitante presenta formularios y documentos bajo pena de perjurio. En estos formularios se pide al solicitante que declare sus bienes (activo), sus deudas (pasivo) y el numero de dependientes que residen en su hogar. En muchas situaciones, la imputación de cargos por fraude de asistencia pública se basa simplemente en no declarar que un dependiente ya no reside en el hogar o en no declarar que el solicitante aún trabaja en ese momento.
Si una persona que recibe asistencia pública no revela otros beneficios de asistencia pública, pagos de pensión conyugal o un aumento en el número de dependientes en su hogar, la Fiscalía de Distrito de Los Ángeles presentará cargos como delito mayor por fraude de asistencia pública, además de perjurio por recibir beneficios sin tener derecho a ello.
Los empleados de los programas de asistencia pública del Condado de Los Ángeles también pueden ser acusados por instigar y ayudar a recibir beneficios de asistencia pública a personas que no tienen derecho a ello. Estos empleados han sido procesados por la Fiscalía de Distrito de Los Ángeles hasta el límite que permite la ley. Aquellas personas declaradas culpables de estos delitos afrontan condenas por delito mayor que pueden incluir reclusión penitenciaria y altas multas. La condena incluirá libertad condicional o probatoria e impedirá que la persona obtenga jamás beneficios de asistencia pública de nuevo.
En el noventa por ciento de los casos un investigador de fraude de asistencia pública contactará al sospechoso de fraude mediante una visita personal a su residencia o por medio del envío de una carta al hogar de la persona. En la carta se pide al sospechoso llamar al número indicado en la carta, la cual se envía en papel oficial y con el membrete de la Fiscalía de Distrito del Condado de Los Ángeles. Hacer esa llamada es un error. En el momento en que alguien reciba esta carta de la Fiscalía de Distrito del Condado de Los Ángeles o que reciba la visita en su hogar de un investigador de fraude de asistencia pública, lo mejor es comunicarse con un abogado y negarse a responder a las preguntas que le hagan. Es importante para ejercer el derecho que todos tenemos de permanecer en silencio. El cometido de estas visitas al hogar de la persona y de las cartas del investigador de fraude de asistencia pública es intimidar y asustar a la persona para que responda a las preguntas del investigador de fraude de asistencia pública. No caiga en esta trampa. Diga de un modo cortés al investigador de fraude de asistencia pública que se presente a la puerta de su casa que no va a contestar ninguna de sus preguntas y pida cortésmente que lo dejen en paz. Si recibe una carta en la que le piden que llame al investigador de fraude de asistencia pública o, de lo contrario, presentarán cargos en su contra, no dude en llamarme, porque puedo fácilmente poner fin a las cartas y llamadas telefónicas con una carta y/o una llamada mía a la oficina del investigador de fraude de asistencia pública. Este es un paso importante en el ataque del investigador de fraude de asistencia pública en contra de usted. Es muy probable que no tengan suficiente información o pruebas contra usted y que necesiten que usted se incrimine llamando o hablando con ellos cara a cara para dar de modo voluntario información con la que podrían garantizar la imputación de cargos por perjurio, fraude de asistencia pública o fraude de seguros. ¡Necesitan que usted llene los espacios en blanco de la investigación contra usted! No lo haga. Llámeme primero.
En ciertos casos, los investigadores de fraude de asistencia pública emitirán órdenes de registro, entrevistarán a vecinos, caseros, propietarios de inmuebles, familiares, etc., y requisarán documentos que, a su vez, podrían retrasar durante meses o años la imputación de cargos penales por delito mayor en contra de usted mientras reúnen suficiente evidencia. Me consta que los investigadores interrogan a veces a niños, familiares y vecinos con la pregunta: “¿Está tu papá o tu mamá en el trabajo ahora mismo?”. Y “¿Dónde trabaja tu mamá o tu papá?”. Lo que el investigador de fraude de asistencia pública está tratando de hacer es establecer que mamá, papá o el tío Tomás están trabajando mientras reciben beneficios del condado que quizás no tengan derecho a recibir. Recuerde, sea cortés e informe a cualquier persona de la oficina de los investigadores de fraude de asistencia pública que le esté haciendo preguntas que no va a responderlas y que lo dejen en paz.
Si lo tienen en el punto de mira, lo acusan o ha sido arrestado por fraude de seguros, fraude de asistencia pública, robo de identidad o perjurio en el Condado de Los Ángeles, usted está afrontando cargos por delito mayor cuya condena podría incluir reclusión penitenciaria y altas multas. Por favor, comuníquese inmediatamente con el abogado Jeff Voll, quien se dedica a defender en Los Ángeles casos de fraude de asistencia pública, fraude de seguros y perjurio.
El licenciado Voll nunca ha trabajado como agente policial ni como fiscal. Ha estado defendiendo acusados como defensor público desde 2001 y como abogado particular desde 2004. Nunca contrate a un abogado defensor que anteriormente haya trabajado de fiscal y que iniciara su carrera profesional enviando a la gente a la cárcel o a la prisión. El licenciado Voll es el ÚNICO abogado que ha logrado que se desechen más de 100 casos para sus clientes en un período de 12 meses.
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En las Oficinas Legales de Jeff Voll (AbogadoCriminal.com), Jeff entiende la confusión y el temor que se sienten al afrontar una posible condena por DUI. También entiende que muchas personas inocentes son acusadas de este delito en California cada año. En las Oficinas Legales de Jeff Voll (AbogadoCriminal.com) tenemos la experiencia necesaria para lograr el mejor resultado posible en su caso.
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